El Presidente Humala no tiene la voluntad de retornar a la ruta original ni
cuenta con la fuerza suficiente para “pelearse” con la derecha empresarial y
política, ha perdido lo fundamental:
la credibilidad, lo que queda claro es la
continuidad del modelo económico.
En esta dirección se enmarca la conducta política del
gobierno y de los nacionalistas en el parlamento al unir fuerzas con los
apristas, fujimoristas, Solidaridad
Nacional, partidos emparentados con la corrupción, la mafia y el autoritarismo
de la derecha. No es casual la resistencia ofrecida a las reformas de la Municipalidad
de Lima, la revocatoria
a la alcaldesa de Lima y sus regidores, acción apoyada y financiada por
testaferros de Castañeda Lossio en colusión con el JNE, la imposición e
intransigencia a las demandas del magisterio agrupados en el SUTEP, la intransigencia
del cajero del FMI en el Ministerio de Economía que cierra toda posibilidad de
solución salarial y más bien prepara dispositivos legales para promover
despidos en todo el sector público, etc, etc.
Estos hechos nos indica que los próximos años tendremos un ambiente
cargado de tensión social, con amplios sectores de la población no sólo en
lucha por reivindicaciones justas, sino también en búsqueda de una alternativa
de cambios económicos y sociales, y de mayor democratización de la sociedad.
Inestabilidad marcada, además, por el peso creciente que adquieren el
narcotráfico, la inseguridad ciudadana, la corrupción, el centralismo, con la
amenaza consiguiente de tendencias autoritarias en nombre del “orden” que
reclaman el gran capital y las transnacionales como garantía de sus
privilegios”.
El Presidente Ollanta Humala Tasso
promulgó la nueva ley anti magisterial como ha sido siempre la costumbre de los
gobernantes de los últimos 50 años; los actuales, con sus parlamentarios y su
prensa, para ponderar los “beneficios” de esa ley anti magisterial, tanto para
los maestros como para los estudiantes de la escuela pública, garantizando a
estos últimos una supuesta elevación de su nivel de aprendizaje y, a los
maestros, el ingreso a la “meritocracia” para su buen desempeño y sus mejores
beneficios remunerativos y su ascenso en la carrera pública magisterial.
Aprobada
y publicada la ley de Reforma anti Magisterial N° 29944, el 25 de noviembre último
y luego de su revisión minuciosa, afirmamos convencidos que su contenido en
muchos de sus articulados son lesivos al magisterio. Ello, nos obliga a tomar
determinaciones en salvaguarda y defensa de nuestros derechos. Siendo así
resulta necesario y obligatorio asumir acciones de lucha en los distintos
escenarios. Uno de ellos es en el terreno legal mediante acciones que, en un
estado de derecho, corresponde impulsar a quienes nos sentimos lesionados y
degradados por esa normatividad.
Que, la Ley de Reforma anti Magisterial en unos casos recorta, denigra y en otros
desaparece derechos (degrada
de niveles a escalas por debajo de las adquiridas, desparece como bonificación
especial el 30% por preparación de clases, recorta las bonificaciones y
subsidios por luto y sepelio, afecta de forma sustantiva a los maestros
contratados, desconoce y lesiona derechos de los auxiliares de educación, de
los Directores y Sub Directores, etc.).
ACERTADA DECISIÓN DEL CONSTITUCIONALISTA VALLE RIESTRA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL SUTEP DEFENDERÁ LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO
La VIII ASAMBLEA
NACIONAL DE DELEGADOS realizado el sábado 08 de diciembre acordó lo siguiente:
1.
Realizar acciones y
respuestas de lucha de diversas manifestaciones. Una de ellas es LA LUCHA
LEGAL. El mismo que estamos impulsando la acción de inconstitucionalidad,
acciones de amparo (en su oportunidad) y transitar por el camino de la
iniciativa legislativa. Nuestra pretensión es garantizar y demostrar al
magisterio que estamos luchando por la defensa de los derechos irrenunciables
de los maestros.
2.
La lucha legal demanda una
respuesta articulada, especializada. En ese sentido, requerimos contar con
asesoramiento especializado y calificado que permita tener éxito en el camino
transitado mediante acciones y/o demandas sustentadas de forma coherente; por
ello, contratar los servicios profesionales del estudio del Abogado
Constitucionalista Valle Riestra para que asuma la defensa del magisterio
nacional es un gran acierto.
3.
APROBÓ LOS BONOS SOLIDARIOS DE UN NUEVO SOL PARA RECABAR FONDOS QUE
PERMITAN GARANTIZAR Y EFECTIVIZAR EL TRABAJO EFICIENTE Y ADECUADO DEL ESTUDIO
JURÍDICO VALLE RIESTRA PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES LEGALES EN BENEFICIO DEL
MAGISTERIO NACIONAL.
LA ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD; es muy raro que todo un cuerpo normativo esté envuelto
en la incostitucionalidad; a través de la historia, sólo se ha producido un
caso y fue en el tiempo del fujimorismo; el Tribunal Constitucional es el único
que resuelve la declaración de inconstitucionalidad y frente a los artículos
observados tiene efectos derogatorios.
Cualquier
aspecto de la norma que no sea AUTOAPLICATIVA está condenado al fracaso; la Ley
29944 vulnera la constitución y los rangos internacionales, el principio
internacional de progresividad de los derechos, entre otros. Dado el carácter
progresivo un Estado a través de una ley no puede desconocer ya los derechos
conquistados; además, una ley no sólo debe ser idónea sino adecuada y no debe
tener ningún mecanismo de lesión de los derechos, para lo cual se orienta lo siguiente;
·
Requerimos
de 5 000 firmas. La decisión es impulsarla YA, pues siendo la lesión presente y
teniendo un contingente numeroso de maestros y ciudadanos de nuestro lado,
consideramos que debemos superar las expectativas de firmas que requerimos.
·
Los
planillones de inconstitucionalidad deben firmar no solo los maestros, sino por
cualquier ciudadano. Aquí debemos considerar varios elementos a saber: la
necesidad de generar una corriente de opinión favorable al magisterio, a su
lucha y la justeza de sus acciones legales. El magisterio debe conocer e
internalizar que el sindicato sabe luchar. Por ello, es vital la unidad y
energía para trabajar por las firmas, para contratar y trabajar con un estudio
jurídico que responda a las inquietudes del magisterio, que garantice una
demanda coherente y sustentada sólidamente.
·
La acción de inconstitucionalidad tiene efecto colectivo,
esto es, sus alcances son para todo el universo de maestros afectados en sus
derechos. Es así que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la
constitucionalidad de la desaparición del 30% por preparación de clases y
evaluación, sobre la degradación del magisterio y su necesidad de ser regulado
por una nueva ley que reconozca sus niveles y la remuneración propia del nivel,
la situación de los directores y sub directores titulares, de los maestros
contratados y los auxiliares de educación, etc.
·
Las acciones de amparo deberán ser elaboradas por
y para los maestros, directores, sub directores y auxiliares de educación en
atención a sus afectaciones particulares y específicas. Tienen como plazo
regular 60 días. Y mientras la norma lesiva siga vigente el plazo persiste. NO
ES CORRECTO un solo modelo, menos COBRAR O LUCRAR CON LAS NECESIDADES DE LOS
MAESTROS DEL PERÚ. Valle Riestra emitirá diversos modelos de acuerdo a la
vulneración de derechos el mismo que será entregado oportunamente y en forma
gratuita por los dirigentes.
Invocamos a todos los maestros y maestras, a reafirmarse en
la justeza de nuestra lucha, a la necesidad de la unidad, institucionalidad y
fortalecimiento sindical, a implementar de manera decidida las tareas pertinentes.
¡EN DEFENSA DE LOS DERECHOS
ADQUIRIDOS!
¡POR UNA ESCUELA PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD!
