Expertos saludan la unificación de todos los maestros en un mismo régimen, pero lamentan que no se haya explicado cómo se financiarán los aumentos y los ascensos, ni por qué el cambio en los niveles del escalafón.
Consuelo Alonzo.
Para los entendidos, el anunciado proyecto de Ley de Reforma Magisterial, elaborado por el Ejecutivo, tiene aportes positivos y sanas intenciones, pero también algunas cosas negativas y olvidos graves.
Según Carlos Malpica Faustor, uno de los ministros de Eduación del gobierno toledista, la más positiva de todas es el esfuerzo por unificar a todos los maestros bajo un mismo régimen, pues resultaba "jurídicamente inaceptable" la existencia de dos carreras a la vez.
Igual lo cree el pedagogo y especialista de Foro Educativo Manuel Iguíñiz Echeverría, pues actualmente para profesionales que cumplen la misma función de enseñanza directa a los niños y niñas de la educación básica las condiciones de trabajo son muy distintas.
"No me parece acertado mantener una carrera activa, regente, y la otra congelada. Las dos carreras deberían ser cumplidas porque son leyes o, en su defecto, integrarlas a la parte correspondiente de la carrera del Estado, que es lo más conveniente", sostuvo.
En la actualidad, mientras que los maestros que se rigen por la Ley del Profesorado deberían percibir una remuneración reajustable con el costo de vida (aunque hace 6 años no reciben aumento); los que se incorporaron a la Ley de la Carrera Pública Magisterial ganan un salario mayor en función al escalafón donde se encuentran.
Pero a futuro, tal y como plantea el proyecto de Ley de Reforma Magisterial, se espera establecer un piso o un ingreso básico que hoy no existe en la vida del profesorado; además de ganar un monto con porcentajes bien establecidos conforme a su nivel.
Sin embargo, lo malo de esta unificación, coinciden Malpica Faustor e Iguíñiz Echeverría, es que al pretender derogar la Ley del Profesorado se deja sin piso a los maestros que forman parte de la actividad privada.
"Eso es una falla, una cosa es modificar una ley y otra derogarla", dijo el ex ministro tras indicar que, al desaparecer esas leyes, con ellas también se extinguirían algunos derechos adquiridos en el tiempo por el Magisterio, a pesar de que los derechos son irrenunciables.
A su turno, el miembro de Foro Educativo lamentó igualmente que los componentes que debe tener la escuela privada, respecto a su enseñanza, no sean materia de discusión en este momento.
Pero a Malpica lo que más le preocupa es que en la exposicion de motivos no se haya establecido ya el detalle del costo y del financiamiento.
"Por primera vez en 50 años veo una ley así. ¿Cómo el Congreso va a aprobar una pelota tan grande que no dice cuánto cuesta? Acuérdense que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, y que la inversión más grande no la realizará este Gobierno. Hay varios problemas de ese tipo bastante graves en este proyecto de ley", aseguró.
Acto seguido, indicó que tampoco ha quedado claro por qué los profesores de la Ley del Profesorado que ganaron sus escalas por ley ahora bajarán a los niveles I y II.
"Los voceros del Gobierno dicen que habrá un incremento inmediato, pero eso no lo dice el proyecto de ley, no está especificado. No lo veo", acotó.
Esta situación, para Iguíñiz, podría generar un nuevo roce entre el Ministerio de Educación y el Magisterio, pues no ha quedado claro de qué manera se cumplirá lo ofrecido, y muchos podrían entenderlo como una suerte de "degradación".
Según Malpica, en lugar de modificar los niveles del escalafón, lo que debió hacerse es crear "pasos" (o subniveles) para recatalogar los sueldos, y con ello había necesidad de catalogar la escala.
Otra crítica es a que el documento final no fue consultado ni debatido con las instancias respectivas, y el Ejecutivo se saltó las competencias de educación compartidas en los gobiernos regionales, gobiernos locales e incluso en el Consejo Nacional de Educación (CNE).
Esto, avizoró Malpica, podría provocar que todo el Magisterio se oponga e incluso plantee un referéndum.
Ambos expertos esperan que en el Congreso se dé el mejor debate posible.
