Marco Sánchez
Las frases desorden salarial en el magisterio, evaluación universal,
mejores remuneraciones, una línea de carrera basada en méritos y
desarrollo profesional, e incentivos para laborar en zonas alejadas o de
frontera, aparecen en las 25 páginas del proyecto de Ley de Desarrollo
Docente que el gobierno entregará al Congreso la próxima semana.
Según se desprende de la exposición inicial del proyecto, sería lo
mejor para los 260 mil maestros en el Estado. Sin embargo, cae en el
error político de no ser comunicado apropiadamente, según expertos.
La República accedió en exclusiva al documento que parte de la
premisa de los errores de la Ley de Carrera Pública Magisterial (29062),
aprobada en el gobierno de Alan García.
"En la práctica existen dos marcos normativos para los docentes, la
Ley del Profesorado y la Ley 29062 que reconocen derechos y escalas
remunerativas diferentes que terminan dividiendo y enfrentando a los
maestros", señala la exposición de motivos.
Como consecuencia –continúa– tras cinco concursos nacionales con más
vacantes que inscritos, solo se incorporaron 25 mil docentes, del total
de 267 mil. Menos del diez por ciento. Para el gobierno humalista, la
incorporación gradual y voluntaria en diez años, desde el 2008, no fue
lo mejor.
"El proyecto de ley se plantea como el nuevo y único marco normativo
que debe integrar a todos los profesores, ofreciéndoles las mismas
posibilidades de desarrollo profesional a través de procedimientos
meritocráticos", refiere la iniciativa. Esta integración permitiría
"poner en orden las planillas de pagos e impulsar el desarrollo
profesional como parte de un plan de reforma estructural y
descentralizada".
El anteproyecto de 67 artículos da prioridad a la formación docente,
fija incentivos y ocho niveles, con diferencia salarial de 160% entre
el último y primero. El ascenso será en base a desempeño laboral,
formación y ética y a evaluación universal. Dos disposiciones finales
reconocen a los profesores de acuerdo a su nivel en la Ley del
Profesorado, y a los ya evaluados en la ley aprista. Uno de los aspectos
es el énfasis que la nueva ley pone en el desempeño del maestro en el
aula.
mala comunicación
Aun cuando debe pasar por el Consejo de Ministros, el proyecto ya
genera debate político y amenazas de la oposición del Congreso con
interpelación y acusación constitucional a la ministra Patricia Salas.
Ayer, el presidente Ollanta Humala lo defendió así: "Estamos
avanzando en educación. Queremos mejorar la Carrera Pública Magisterial,
darle más escalas de niveles y mejor remuneración, no queremos que
nuestros profesores estén mal pagados y no se preparen".
Señaló que esta ley es parte de la inclusión social y de reformas
para terminar con la desigualdad. "Es la gran transformación que quiero
trabajar con ustedes", dijo a pobladores en San Martín de Porres.
Para expertos en el tema educativo, la intención es buena, pero hay problemas de comunicación.
"El Ministerio de Educación y el gobierno no están comunicando bien
sus intenciones, porque no se empieza de cero, se está tomando lo mejor
de la LCPM y Ley del Profesorado", señaló Ricardo Cuenca, investigador
del Instituto de Estudios Peruanos.
El sociólogo investiga por dos décadas el tema educativo y explicó a
este diario que "en países de América Latina donde hay más de una ley
para docentes, se generan problemas. Esta ley iguala la plataforma de
trabajo y pone énfasis en el desarrollo profesional".
Sostuvo que mientras la ley aprista privilegia la relación
contractual del maestro con el Estado, la Ley de Desarrollo Docente
pretende el avance docente en base a méritos y las rutas para llegar a
niveles altos (director, subdirector) o para ser funcionario del sector:
"Terminaría con la politización de cargos en las UGELes (Unidad de
Gestión Educativa Local) del ministerio".
politización también
Ricardo Cuenca observa que la polémica en la nueva ley es generada por el Apra y el Movadef infiltrado en el magisterio.
Recordó que la LCPM aprista fue la única en la región aprobada en
medio de una huelga del Sutep, el 2007: "Los profesores se sintieron
confrontados. García les dijo comechados y después tuvo que
disculparse".
Por su parte, el educador León Trahtemberg sostiene que el problema
de la LCPM no podía incorporar a todos los profesores porque solo se
planteó 10 años y no habría financiamiento. "La mayoría quedaría fuera y
con sueldos congelados. Esto empezó a crear fricción".
Por esta razón el gobierno anterior no derogó la Ley del
Profesorado. "Por otro lado, la LCPM plantea que quienes desaprueben
tres veces dejarán la docencia y el Sutep se oponía por estabilidad
laboral; por ello se suspendió la aplicación de esta parte de la norma".
Según dijo el experto a La República, la nueva ley pretende corregir
estas fallas: "Ahora los voceros del Apra difunden la idea de que se
deroga la LCPM y todas las evaluaciones, y no es así. Solo le dan otro
nombre y otro marco legal".
Ayer, la ministra Salas visitó al presidente del Congreso, Víctor Isla, para coordinar una presentación ante el Pleno.
Tras ello, aseguró que "no se trata de traer abajo una ley con la
que se ha avanzado tanto, sino, por el contrario, de reforzarla". Salas
iniciará hoy reuniones explicativas con las bancadas, empezando por
Alianza Parlamentaria.
La bancada fujimorista presentaría hoy la moción de interpelación a
la ministra, con la amenaza de una acusación constitucional y hasta
censura, según sus voceros. El debate sigue abierto y la batalla
política recién empieza. ❧
En cifras
Mil 200 soles es el sueldo promedio de un maestro.
60 mil docentes accedieron a la CPM, según el Apra. Para el gobierno son solo 25 mil.
28 años tiene la Ley 24029 del Profesorado, dada en el gobierno de Belaunde.
