El presidente Ollanta Humala acaba de dar pruebas de su afición a mezclar las recetas: habiendo decidido de antemano imponer el Estado de Emergencia en Cajamarca, medida reclamada por la derecha cavernaria para aplacar las protestas contra el proyecto Conga, hace un amague de “diálogo” enviando a una comitiva de ministros con el encargo de maniobrar, chantajear, provocar a los dirigentes y autoridades cajamarquinos para que no se llegue a ningún acuerdo y se justifique así la medida represiva.
El libreto se ha cumplido al pie de la letra. El primer acto consistió en militarizar la zona sin justificación alguna, habida cuenta que las protestas se venían desarrollando de manera pacífica. El segundo acto: a pesar de la voluntad de los cajamarquinos, no se quiso darles la oportunidad de consultar con sus bases para procesar el levantamiento del paro, no se aceptó tregua alguna para que se explique la conveniencia de firmar los acuerdos. Se les dio un ultimátum: o firman de inmediato o se declara el Estado de Emergencia, con lo que se pretendió enfrentar a dirigentes y autoridades con la población, situación que los representantes cajamarquinos no podían aceptar. Tercer acto: no obstante que dirigentes populares y el Presidente Regional Gregorio Santos anunciaron que se había levantado el paro para evitar se concrete la medida represiva, el Presidente Humala anuncia al país la declaratoria del Estado de Emergencia en Cajamarca, argumentando que esa medida se debía a la intransigencia de la parte cajamarquina. Cuarto acto: el corifeo mediático al servicio de la derecha cavernaria se dedica a propalar la tremenda mentira esgrimida por Ollanta Humala en el sentido que había intransigencia por parte de dirigentes y autoridades cajamarquinas, y a justificar el uso de la fuerza “para garantizar el orden y restablecer el principio de autoridad”, pretendiendo que Cajamarca se encontraba secuestrada por un pequeño grupo de revoltosos, que las grandes mayorías están de acuerdo con minera Yanacocha y que se encontraban atemorizados, encerrados en sus casas.
Se pretende de este modo ocultar el verdadero motivo de la medida de fuerza: Imponer un proyecto que significa el saqueo de nuestros recursos naturales en beneficio de las grandes transnacionales, sacrificando la soberanía nacional, la defensa del medio ambiente, el bienestar de los cajamarquinos. Cabe preguntarse: ¿volveremos a la política de la zanahoria y el garrote, el asistencialismo y la demagogia con el autoritarismo?. El mensaje es claro: Así como se ha actuado en Cajamarca, se actuará en el resto del país.
La decisión de gobernar para las grandes transnacionales y recurrir al autoritarismo para someter a la población que le exige consecuencia con sus promesas electorales, tendrá profundas repercusiones en la política peruana. Los conflictos sociales existentes, las aspiraciones de cambio de grandes sectores de la población, las hondas fracturas existentes en la sociedad peruana, no podrán resolverse a punta de bayoneta, ni con discursos demagógicos, ni con el asistencialismo recurrente en la politiquería criolla.
Los sectores progresistas, democráticos, patrióticos, de izquierda, debemos impedir que se profundice el entreguismo de nuestros recursos, que se imponga el autoritarismo y la persecución política. Rechazar el estado de emergencia en Cajamarca, exigir la solución por vía democrática al problema generado a raíz del Proyecto Conga, es una responsabilidad que hay que asumir como parte del necesario debate nacional sobre la visión del desarrollo que conviene al país, como alternativa al esquema primario exportador que se implementa hoy en día en beneficio del capital foráneo.
