Los abogados Alberto Borea y Guillermo Olivera Díaz coincidieron ayer en calificar como un grave error la detención (oficialmente llamada ‘retención’) de seis dirigentes sociales de la protesta de Cajamarca contra el proyecto Conga, y señalaron que no había argumentos para retenerlos.“¿Qué es lo que quisieron hacer? ¿Amedrentarlos?”, preguntó Borea, luego de señalar que no existía orden judicial contra ninguno de ellos, incluido el dirigente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra, quien estuvo preso diez años como miembro del desaparecido Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Luego de calificar como un exceso el accionar policial, señaló que cuando una persona tiene una denuncia por alteración del orden público o por daños a los servicios públicos o la propiedad privada, se le encausa simple y llanamente y no se busca pretextos para detenerla.
De otro lado, Borea defendió la declaratoria del estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, indicando que había una situación de grave alteración del orden público en la que era muy difícil dialogar.
El penalista Olivera Díaz declaró, a su vez, que no había cargos que justifiquen la retención de los dirigentes por nueve horas en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), lo que fue comprobado por la Fiscalía, que no avaló el atropello.
“El solo hecho que tales Policías esperaban puntualmente a sus presas en las afueras del Congreso evidencia que obedecían a su comando; cumplían, pues, una comisión de ‘servicio’”, comentó.
Olivera Díaz indicó que los Policías, el ministro del Interior, Óscar Valdés, y el presidente Ollanta Humala han olvidado las normas constitucionales que rigen la detención de cualquier individuo que no esté en situación de delito flagrante.
Refirió que la operación no tuvo como fin identificar a los detenidos, pues esa no es función de la Dircote, sino detener a los dirigentes. Y dijo que los Policías olvidaron olímpicamente la letra y espíritu de las dos constituciones por las que juró Ollanta Humala.
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, dijo ayer que la Policía solo puede detener a un ciudadano por orden judicial o delito flagrante pero hay jurisprudencia que le permite retener a una persona para verificar su situación y para ello puede llevarla por un tiempo breve en un lugar aparente.
Efraín Rúa
Redacción
