José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP
Las elecciones generales del 2011 en el Perú (9 de abril en primera vuelta y 5 de junio en la segunda) han demostrado, sin ambages, la naturaleza de la burguesía peruana dominante a través de su comportamiento, no solamente falaz, sino obsesivamente asida a los intereses más egoístas propias de su clase y de la gran burguesía imperialista que se ha consolidado más en los últimos 20 años de liberalismo salvaje.
El supuesto credo democrático de la burguesía peruana
La historia de la república peruana (1821 +) es bastante demostrativa de la insolvencia democrática liberal de las clases dominantes en el Perú. La incipiente burguesía peruana de inicios de la República, incluidos sus intelectuales, no profesaron las ideas liberales de la burguesía europea triunfante desde el siglo XVIII. Fue, en realidad, de credo monárquico, lo que le llevó a contraponerse a las ideas bolivarianas que hasta hoy vienen siendo combatidas por los rezagos de esa mentalidad conservadora. Parte de su odio al presidente Hugo Chávez tiene que ver con su conservadurismo decimonónico, tributario de la herencia colonial, contrario a soportar reformas que democraticen la economía y la sociedad.
El tibio liberalismo de Manuel Pardo (1872-1876), que exigió mayores contribuciones tributarias a las clases pudientes, mereció la oposición sangrienta de esa clase que se denominaba demócrata, hasta asesinarlo finalmente. No cabe duda que los beneficiarios de los contratos de explotación del guano y del salitre estuvieron detrás de esa oposición que luego se convirtió en la traidora durante la guerra con Chile.
Más tarde, desde El Comercio de Lima, los dueños del poder económico en el Perú se enfrentaron a don Nicolás de Piérola, aun cuando esa actitud favoreciera al gobierno chileno.
Esa misma burguesía se mantuvo contenta durante los 11 años de la corrupta dictadura de Augusto B. Leguía (1919-1930) y luego con las dictaduras de Sánchez Cerro (1930-1933) y de Oscar R. Benavides (1933-1939), las que practicaron una política de permanente represión contra las fuerzas progresistas de aquel entonces, comunistas y apristas, cuando este partido predicaba los “cinco puntos” para la “gran transformación, planteamientos que luego fueron abandonados definitivamente.
No fue diferente el comportamiento de las clases dominantes durante las décadas del 40 y del 50 del siglo XX, con Manuel Prado (1939-1945 / 1956-1962) y Manuel A. Odría (1945-1956), que desarrollaron políticas económicas de corte liberal y favorables a los terratenientes e inversionistas extranjeros, que dejaron intactos los latifundios y el sistema de explotación servil contra millones de indígenas y poblaciones de costa y selva. A los “demócratas” pertenecientes a la burguesía peruana lo único que les interesaba era mantener sus privilegios de clase e incrementar sus ganancias.
Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) esa burguesía rentista, tanto desde el partido gobernante de Acción Popular como de la alianza (Coalición) del APRA con el odriísmo, boicotearon la propuesta de reforma agraria y de la recuperación de la explotación del petróleo, aspiraciones que los movimientos campesinos y fuerzas democráticas progresistas venían levantando desde la década de los 50. Esta actitud antidemocrática derivó en la reacción de un importante sector de las Fuerzas Armadas que veían como un peligro la presencia de una tendencia de insurgencia popular frente a la situación de explotación de vastos sectores campesinos y obreros. La doctrina del reformismo desarrollista de la Alianza para el Progreso, delineado por los Estados Unidos para la América Latina, de prevención y contención de otra revolución al estilo cubano en nuestros países, obligaba a modernizar estas sociedades, desembalsar sin peligro para el sistema de dominación los problemas no resueltos durante los siglos XIX y XX en América Latina. El primer gobierno de Acción Popular fue incapaz, por su representación de clase, de acometer esta tarea liberal burguesa, que debiera expresarse en un proceso de democratización de la propiedad de la tierra en el Perú y la expansión de los derechos ciudadanos, así como el desarrollo de una industria nacional.
Cuando la dictadura militar del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) se propuso desarrollar las reformas burguesas, truncas durante toda la República, la burguesía peruana y los grandes terratenientes expropiados (que no confiscados como hoy suelen afirmar), en alianza con el capital imperialista, se sintieron injustamente despojados de sus propiedades y se comportaron como una clase incapaz de transformarse, de rentista en conductora de una economía capitalista nacional y creadora de una industria y agricultura para el mercado interno. Acostumbrada a vivir del viejo Estado y del sistema pre capitalista de producción y del ejercicio intermediario del comercio y las finanzas, su actividad política fue de intenso boicot y complot para traer abajo las reformas burguesas de Velasco. El golpe de Estado encabezado por el conservador General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), el 29 de agosto de 1975, fue el inicio del desmantela miento de dichas reformas y el regreso organizado de la vieja clase que debió de apelar a otra dictadura militar para recuperar sus fuerzas, sin haber desarrollado ninguna lucha democrática contra ambas dictaduras, como sí lo hicieron las masas organizadas en la izquierda, en los sindicatos nacionales y en los frentes de defensa de los pueblos que surgieron en los 12 años de dictadura militar (1968-1990). La misma oposición conservadora contra las reformas velasquistas fue adoptada por el partido aprista, opositor, además, contra las luchas de los trabajadores.
Durante la década de los 80 del siglo XX, la derecha peruana empezó a asumir los planteamientos neoliberales, al tiempo que la crisis generalizada del país hacía posible la preparación de una nueva reprimarización de la economía y una vuelta al dominio omnímodo de los monopolios extranjeros y nacionales.
Este cambio llegó durante la siguiente década (1990-2000), durante la dictadura corrupta y criminal de Fujimori-Montesinos, bajo la orientación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de un proceso masivo de privatizaciones de bienes, empresas y servicios del Estado, gran parte de cuyos ingresos monetarios fueron robados por los gobernantes y empresarios neoliberales. Estos, para garantizar que el programa neoliberal siga sin detenerse, se entregaron por entero a la dictadura y pusieron sus medios de comunicación al servicio de ella, demostrando que su libertad de prensa tenía un precio muy elevado, arrastrando a ese charco a numerosos y “prestigiados” periodistas, los mismo que hoy siguen predicando el “paraíso” del libre mercado.
El pasajero reacomodo democrático de la burguesía peruana
Puesta al descubierto los robos, la compraventa de parlamentarios y demás fechorías de la dictadura fujimontesinista, a los “demócratas” no les quedó otra cosa, por vergüenza o impotencia para seguir defendiendo lo indefendible, que unirse al nuevo proceso político encabezado por el liberal Valentín Paniagua e impulsado por las grandes movilizaciones de masas que se generalizaron desde 1997 (estudiantes, profesores, trabajadores de construcción civil, poblaciones de provincias, fuerzas políticas de izquierda y personalidades liberales opuestas a la dictadura), desembocando en la gran Marcha de los Cuatro Suyos, capitalizada por el señor Alejandro Toledo con el apoyo del magnate George Soros en el financiamiento de las actividades organizativas de aquella marcha.
Quienes convivieron con la dictadura durante diez años, de repente se convirtieron en demócratas y se camuflaron con los nuevos dos primeros gobiernos peruanos del siglo XX, pero sin abandonar sus privilegios garantizados por el avance del programa neoliberal.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) su comportamiento fue cauteloso, de acomodamiento a la nueva situación política, pero con su vieja habilidad siguieron manteniendo el statu quo dejado por la dictadura: la desregulación laboral, las privatizaciones, las concesiones a los consorcios extranjeros, especialmente del gas, el congelamiento del nuevo proyecto de ley del trabajo, la privatización de la educación, la salud y la seguridad social. El fujimontesinismo, cercado por los procesos de investigación, desarrollaba un perfil bajo, pero sin dejar de mantener sus relaciones con sus aliados “democráticos” que se habían beneficiado como empresarios, testaferros y ejecutivos de toda especie.
La nueva primavera de la democracia burguesa en el Perú
Llegó con el segundo gobierno aprista que concluye en este mes, con Alan García que ha repetido la presidencia de la república y ha preparado una despedida con toda la parafernalia que anuncia una nueva candidatura para el 2016, con una programa de inauguraciones de obras, muchas de ellas inconclusas, pero como para distraer y atraer a ingenuos creyentes cristianos (básicamente católicos, 90% de la población), inaugurando un inmenso Cristo de acrílico gracias a la “donación” de una de las empresas brasileñas que más ha ganado con las licitaciones de obras públicas.
Con el poder económico en sus manos, con los medios de comunicación monopolizados en su mayor parte, la burguesía peruana ha vuelto a reafirmar su catadura antidemocrática durante la campaña electoral pasada. De las 6 candidaturas presidenciales y parlamentarias con mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta y de ganar la presidencia de la república, 5 correspondieron a estas fuerzas de la derecha neoliberal. Las 5 enfilaron su principal ataque a la candidatura de Gana Perú. Todo ese conglomerado predicó no solamente la intolerancia frente a los planteamientos nacionalistas de Ollanta Humala, sino también el racismo y el miedo frente a un supuesto “retroceso” del Perú si es que Ollanta Humala ganase las elecciones. Así como calificaron las reformas liberales de Velasco como “comunistas”, a los planteamientos programáticos de Ollanta Humala los calificaron de “radicales”, “chavistas”, “salto al vacío”, etc.
Para asegurar mejor su dominio y sus relaciones con el capital imperialista de las transnacionales, apostaron efusivamente por la candidatura de uno de los gobernantes vivos más antiguos del Perú, el lobista peruano-norteamericano Pedro Pablo Kuszynski, alto funcionario del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) y coautor de casi todos los proyectos de contratos del Estado con los consorcios de explotación bancaria, minerales e hidrocarburos, evidentemente con privilegios para ellos. La derecha sobrevaloró sus posibilidades y su táctico alejamiento de su par fujimorista, cuya candidata Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta para disputar la presidencia con Ollanta Humala.
Después de decir que tanto el fujimorismo como el nacionalismo no eran compatibles con la democracia y la continuación del programa neoliberal, cuando se dio la segunda vuelta no pensaron dos veces para apoyar a la alternativa corrupta y enfilar sus baterías contra Ollanta Humala. Toda su supuesta convicción democrática fue desenmascarada durante la campaña de la segunda vuelta, demostrando que esa convicción tiene el alto precio de sus ganancias, al igual que su “libertad de prensa”.
Más por cierta vergüenza que por convicción democrática, Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo tuvieron que apoyar a Ollanta Humala, apoyo condicionado, sin embargo, a la inmutabilidad del programa neoliberal y del pernicioso ejercicio de la “libertad de prensa” que impera en el Perú.
La inconsecuente democracia burguesa
Los “demócratas” neoliberales han perdido la presidencia de la república el 5 de junio. Siempre han dicho que su democracia consiste en respetar la votación popular y sus resultados. Pero su comportamiento dice lo contrario.
Desde el gobierno que cesa en sus funciones hasta todas las fuerzas de la derecha neoliberal se está desarrollando una campaña de desestabilización del gobierno que ingresa. Anuncian la caída del Producto Bruto Interno y la “huida” de los inversionistas, siembran la duda frente a la presencia de profesionales progresistas en el nuevo gobierno, han lanzado a sus periodistas a levantar noticias y especulaciones de toda índole para disminuir la credibilidad en el nuevo gobierno. Esta misma campaña se viene realizando contra la progresista Alcaldesa de Lima Metropolitana Susana Villarán, que venció a la candidata de toda la derecha neoliberal Lourdes Flores Nano en las elecciones municipales y regionales del 2010.
¿No consiste, pues, la democracia que tanto pregonan, en respetar los resultados electorales y hacer posible que el nuevo gobierno cumpla con su programa? ¿No son opuestos a los métodos y estrategias de la violencia para la conquista del poder? Pero con su conducta no hacen sino exacerbar las contradicciones sociales y políticas al cerrar toda posibilidad de reformas con métodos democrático-burgueses, que son los que está esgrimiendo el nuevo gobierno, hacia la redistribución de la riqueza y la disminución de las profundas desigualdades sociales imperantes, que han crecido mucho más durante la presente década de “gran crecimiento económico”.
Queda, pues, claro, que la democracia, en su sentido genuino, no pertenece a los sectores dominantes del Perú actual, sino al pueblo que busca la necesaria transformación social y que espera que el nuevo gobierno construya las bases para esa gran tarea histórica. Ese pueblo debe ser organizado para garantizar el cambio.
Lima, julio 12 del 2011
