Lourdes Flores y el flamante presidente del Tribunal Constitucional también contra pretensión de polémico abogado Marco Tulio Gutiérrez.
La confluencia política integrada por Fuerza Social, Nueva Izquierda, Tierra y Libertad, Lima para Todos y Voz Socialista puso ayer en tela de juicio que el intento de revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán tenga éxito, porque recolectar las 400 mil firmas necesarias requiere de un millonario despliegue logístico.
“Nosotros pensamos que así como los partidos deben presentar el origen de sus fondos, de la misma manera los que están detrás de esta recolección de firmas para la consulta deberían presentar sus ingresos”, dijo Gustavo Guerra García, de Fuerza Social.
Reiteró su duda de que la recolección de esa cantidad de firmas pueda conseguirse, debido a que los “revocadores” no han mostrado un despliegue logístico y operativo para ese fin.
“Yo no veo en la ciudad ese despliegue. Espero que no sean firmas que estén recogiendo en forma falsa, como creemos todos los aquí presentes”, remarcó.
Añadió que Fuerza Social pedirá estar presente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) cuando se presenten las firmas.
“Vamos a pedir que se haga un trabajo serio, para revisar firma por firma. Esperamos que la Onpe nos permita estar ahí para certificar las firmas y determinar que no sean falsas”, dijo.
PARALIZACIÓN DE OBRASReconoció la legitimidad del acto de revocatoria, pero puntualizó que el intento de revocar a la alcaldesa Susana Villarán paralizaría una inversión privada de S/.3 mil millones en varios proyectos.
“Lima no debe parar. La revocatoria de la alcaldesa y de 21 regidores generaría un proceso de inestabilidad, que terminaría por alejar importantes inversiones públicas y privadas claves para el progreso de Lima. Si la revocatoria prospera, se retrasaría el desarrollo de Lima en tres años”, dijo Guerra García.
También calificó el intento de revocatoria como “mentirosa, racista, manipuladora, desproporcionada y antidemocrática”.
Es mentirosa porque busca sorprender a la ciudadanía con argumentos falsos de presunta ineficiencia y es racista porque en un volante se refieren al regidor Luis Valer, de Lima Para Todos, como un “cambiante cholón”, indicó.
CAOS Y DESGOBIERNO
Guerra García afirmó que esta acción busca disolver el gobierno municipal para generar caos, incertidumbre y desgobierno en Lima. “Si se produce la revocatoria, el segundo gobierno accesitario de Fuerza Social tendría un año y el nuevo gobierno que se quiere elegir solo tendría 15 meses de gestión”, agregó.
Resaltó que la gestión de Villarán ha demostrado gran eficiencia respecto a la de Castañeda. “En la gestión de Castañeda durante el 2003 se invirtió un 39.9% del presupuesto, el 2004 un 43.4%, el 2005 un 41.1% y el 2006 un 54.2%. Villarán el año pasado invirtió un 55.9%”, subrayó.
REVOCADORES CUESTIONADOS
También recordó que el promotor de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, ha tenido ganancias por consultorías pagadas que ascienden a S/.72,500, de los cuales solo S/.18,000 fueron por concurso, pero “todos los demás pagos fueron por adjudicación directa, es decir a dedo”.
La representante de Tierra y Libertad, Rebeca Calero, cuestionó a los demás “revocadores” Mario Arce, Mario Toledo y Wilson Barrantes, “quienes militaron en diferentes grupos políticos y tienen afán de protagonismo y falta de compromiso partidario”.
“El general Wilson Barrantes también se reunió con Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán”, dijo.
Víctor Ramírez, del MNI, dijo que un grupo de empresarios, propietarios y trabajadores miembros de la Mesa Técnica Mixta de Transporte (MTM) acordaron por unanimidad rechazar la revocatoria. “No hay marcha atrás, seguimos con la reforma del transporte”, indicó.
“La recolección de firmas es una tarea titánica y obviamente significa un despliegue de ingentes recursos. En ese sentido, pedimos al señor Marco Tulio Gutiérrez que entregue en un sobre lacrado, para su verificación, esos 44 mil padrones que dice haber recogido”, resaltó.
La regidora Inés Rodríguez, del movimiento Voz Socialista, también fue de la misma opinión y reveló, de otro lado, que ella y otros colegas suyos han sido denunciados penalmente por investigar el caso Comunicore y cuestionar la falta de transparencia de la administración de Luis Castañeda.
Alberto Moya, de Lima para Todos, también exigió a Marco Tulio Gutiérrez y sus “revocadores” la presentación de las firmas en un sobre lacrado. “Nuestro país ya ha tenido una mala experiencia con la presentación de firmas falsificadas y no queremos volver a vivir esos momentos de corrupción”, indicó.
Llamil Vásquez / Víctor Liza
